Código Penal debe someterse a referendo

El abogado constitucionalista Cristóbal Rodríguez Gómez consideró que los legisladores debían considerar que al aprobar un Código Penal con más penalizaciones y con un endurecimiento de las sanciones penales estarían haciendo más ineficiente a la justicia dominicana. Explicó que una cosa es el Código Penal sancionador, despegado de la realidad, y otra muy distinta son los delitos, que siguen y seguirán por caminos diferentes a la justicia. De ese modo, el Código Penal que se apruebe no tendrá respeto y será una pieza de museo.

Para Cristóbal Rodríguez no se puede pensar que con más sanciones y penalidades, y más años de cárcel por delitos sencillos, puedan solucionar los problemas de delincuencia en el país. Esa no es solución, como no lo ha sido la mano dura aplicada por la Policía Nacional contra los llamados delincuentes. Al aprobar un Código Penal como el que se discute habrá más ineficiencia en la justicia, y se desperdiciará la oportunidad de encontrar nuevas opciones para solución alterna de conflictos, o no se evitará la mora judicial ni la cantidad de presos preventivos. En ese sentido, explicó que el Código Penal actual ha sido modificado y actualizado muchas veces en la historia, y no es cierto que se encuentre tan caduco. Dijo que hay modificaciones que deben hacerse, incluyendo nuevos derechos, variando otros, como la admisión de las tres causales como eximentes de responsabilidad penal por la interrupción voluntaria del embarazo en tres condiciones excepcionales.

Recordó que Leonel Fernández observó un nuevo Código Penal en 2006, luego de formar una comisión especial de redacción, encabezada por Artagnan Pérez Méndez, en 1997. La comisión entregó la redacción del nuevo código en 1999, pero las protestas de los médicos, por penalidades a ellos, hicieron posible la observación del presidente Fernández.

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También recordó que en 2013 se aprobó un Código Penal sin las tres causales, y Danilo Medina lo observó para que se incluyeran las causales. Remitió al Congreso un texto adicional con las que se admitirían las causales, y fueron aprobadas por la Cámara de Diputados, encabezada por Abel Martínez, pero luego de incluir las causales, en vez de enviar el Código al Senado para su sanción, Martínez lo remitió al presidente, quien lo remitió. El Tribunal Constitucional, por procedimiento mal aplicado, lo declaró nulo.

Dijo que en cualquier circunstancia que se apruebe el Código Penal, por la intensidad y permanencia del debate, irá al Tribunal Constitucional, organismo que tendrá la posibilidad de decidir si es constitucional o no. Sin embargo, el Código Penal es tan polémico que lo ha llevado a revisar su postura de que no es correcto llevar el caso a un referendo. Entiende que es correcta la posición del presidente Luis Abinader, de un tema como este llevarlo al referendo.

Entiende que las causales son posibles de aprobar, de acuerdo con la actual constitución dominicana, porque la cuestión está en decidir el dilema si es más ético salvar la vida de no nacido o la vida de la madre. Y ese no es un dilema jurídico, sino de naturaleza moral, porque se trata de una manifestación del principio de laicidad del Estado y de la dignidad de la persona, por sobre todas las cosas.

Dijo que la moral es una cuestión de la vida individual, y que la dignidad de las personas es inviolable, y que el valor supremo de la vida es la dignidad del ser humano, que en este caso corresponde defender a la madre procreadora.

Dijo que el Tribunal Constitucional dominicano se equivocó al emitir la sentencia 256-14, de anular el mecanismo de vinculación del país de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, porque confundió deliberadamente una manifestación de adhesión con un contrato, y en ese caso no estaba facultado para emitir una decisión que es una facultad soberana de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos. Esa decisión carece de efecto y no impide que la República Dominicana sea juzgada y condenada por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos.

En ese sentido, sostuvo que finalmente está casi convencido de que esta cuestión de las causales y el Código Penal sea decidida por la población y no por un organismo particular de 13 jueces.

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