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Fijan conocimiento solicitud medida de coerción contra imputados en operación Pandora Fijan conocimiento solicitud medida de
Por Redacción -
martes 19 noviembre, 2024 - 11:40 AM
Un juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional fijó para las 2:00 de la tarde de este martes el conocimiento de la solicitud de medida de coerción contra los imputados en la operación Pandora.
Los encartados en este proceso judicial son acusados de formar parte de una red criminal integrada por agentes de la Policía Nacional, señalados de sustraer más de 900,000 proyectiles de la uniformada.
En la noche de ayer, el Ministerio Público depositó el expediente de dicha solicitud, en el cual solicita prisión preventiva para los acusados. Esta documentación consta de 213 páginas y 135 elementos de prueba.
Entre los imputados se encuentran el coronel Narciso Antonio Féliz Romero, encargado de la custodia de armas y municiones; el subintendente Juan Miguel Pérez Soler; el capitán Nelson Valdez, responsable del Depósito de Armas; el capitán y auditor Víctor Manuel Santos, quien alteró los resultados de una auditoría realizada en febrero; el segundo teniente Marino Antonio Rodríguez Toribio; y la empresa Tactical Accessories RH, S.R.L., vinculada a este último, entre otros.
El abogado defensor de los oficiales arrestados, el coronel Narciso Antonio Féliz Romero y el capitán Juan Miguel Pérez Soler, denunció que el arresto de sus clientes ha sido un “show mediático”.
Vinicio Aquino Figuereo, representante legal de los señalados, informó que ambos fueron detenidos el pasado sábado a la 1:00 de la tarde y que, hasta la fecha, han permanecido en custodia por más de 70 horas sin que se les haya conocido la solicitud de medida de coerción.
Aquino Figuereo señaló que esta situación constituye una violación de los derechos de sus clientes y aseguró que la detención es ilegal según lo estipulado por el artículo 40 de la Constitución Dominicana, el cual protege el derecho a la libertad y a un proceso justo.
“Se les ha privado de sus derechos sin justificación legal, lo que es inaceptable en un Estado de derecho”, puntualizó el abogado.