Caso Calamar: acusados patalean para salir, Ministerio Público riposta y Jueza Kenya Romaero decide

AcentoTv transmite la tercera audiencia para conocer la solicitud del Ministerio Público de las medida de coerción contra los imputados en la Operación Calamar.
Informaciones del Caso Calamar:
Entre los que los imputados por el órgano de justicia se encuentran, el exministro de Hacienda, Donald Guerrero; ex ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta; exministro de Obras Públicas Gonzalo Castillo; ex contralor general de la República, Daniel Omar Caamaño; el exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Luis Miguel Piccirilo; exdirector de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña, el economista Ángel Lockward y los exdirectores de Casinos y Juego de Azar, Oscar Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández.

Asimismo, están arrestados Roberto Santiago Moquete, Agustín Mejía Ávila, Emir Fernández de Paola, Marcial Reyes, Alejandro Constanzo, Yahaira Brito Encarnación, Ana Linda Fernández, Aldo Antonio Gerbasi, Ramón David Hernández, Víctor Matías Encarnación y Rafael Parmenio Rodríguez Encarnación.

Uno de los interrogados por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) por su vinculación con el caso Calamar delató entretelones de cómo supuestamente operó una red para el cobro ilícito a las bancas, una de las vertientes de recaudación de recursos que los fiscales estiman fue ideada por el exministro de Hacienda Donald Guerrero Ortiz.
De acuerdo con la solicitud de medida de coerción del Ministerio Público, el investigado exministro utilizó esta estructura no gubernamental integrada por los imputados Ramón Emilio Jiménez Collie (a) Mimilo Jiménez, Fernando Crisóstomo, José Arturo Ureña y José Pablo Ortiz Giraldo.

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Fernando Crisóstomo, creador del “programa” para regular las loterías informales y máquinas tragamonedas, además del cobro a cambio de pagos atrasados del estado, revela en el interrogatorio que le hizo la Procuraduría General, en el caso Calamar, cómo operaba la estructura para recaudar dinero de las bancas de apuesta, además de las diligencias para cobros y pagos de deudas del estado, lo que permitió el enriquecimiento de funcionarios y sus allegados.

El “programa o proyecto” se convirtió en un medio para funcionarios y relacionados cercanos amasaran fortuna de manera fraudulenta, en perjuicio del estado y de personas particulares.

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