Ante la pregunta “¿Qué tan violentos somos los dominicanos?”, Vargas fue tajante: la violencia está profundamente arraigada en la vida cotidiana y se reproduce desde la familia hasta las estructuras del Estado. Según explicó, existe una cultura de poder basada en la subordinación y el sometimiento, con raíces patriarcales, donde el conflicto suele resolverse mediante la fuerza y no a través del diálogo.
La especialista subrayó que en muchas familias el diálogo no existe, y que niños, niñas y adolescentes crecen sin ser consultados ni reconocidos como sujetos de derechos. Esta ausencia de participación, afirmó, impide el desarrollo de herramientas para la resolución pacífica de conflictos y refuerza patrones de violencia que luego se replican en la calle, en la escuela y en la política.
Durante el intercambio, Vargas enfatizó que el problema no se limita al ámbito privado. A su juicio, las relaciones de poder que se ejercen en el núcleo familiar se extrapolan al plano macro, dando lugar a decisiones políticas impuestas, sin consulta real a la ciudadanía, aun en un contexto que se define como democrático.
Uno de los señalamientos más críticos apuntó al rol del Estado. La antropóloga cuestionó la falta de voluntad política para transformar esta realidad y denunció que, aunque existen recursos suficientes, estos se destinan mayormente a propaganda institucional y no a campañas educativas sostenidas que promuevan pensamiento crítico y cultura de derechos.
“La educación en República Dominicana no está diseñada para enseñar a pensar, sino para repetir”, afirmó, al describir un sistema educativo que prioriza la copia mecánica de contenidos y reproduce visiones sesgadas, invisibilizando luchas históricas como las de las mujeres y las poblaciones afrodescendientes.
En ese contexto, Vargas sostuvo que en el país no existe un verdadero pacto social, sino una fragmentación que conviene al poder, al tiempo que debilita la capacidad crítica de la ciudadanía. Recordó que iniciativas clave —como leyes contra el maltrato infantil o normas antidiscriminación— han quedado estancadas o fuera del Congreso, pese a su relevancia social.
Finalmente, la experta planteó que el cambio es posible, pero solo si se inicia desde lo micro: familias, comunidades, escuelas y colectivos que cuestionen las estructuras de violencia, recuperen el diálogo y fortalezcan una identidad social basada en derechos, inclusión y conciencia crítica.
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