Carlos Pimentel, director de Contrataciones Públicas, declaró este lunes en el juicio de fondo del caso Antipulpo, asegurando que los padres, madres, hermanos e hijos de funcionarios públicos no pueden contratar con el Estado dominicano.
En su testimonio, Pimentel explicó que incurrir en esta falta puede ser sancionado administrativamente, pero si se oculta el vínculo de consanguinidad, el delito adquiere carácter penal.
La base jurídica que soporta esta prohibición se encuentra en el artículo 14 de la Ley No. 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones con modificaciones de Ley 449-06.
El funcionario, quien compareció como el testigo número 43 el Ministerio Público, busca demostrar cómo deben realizarse los procesos de compras en el Estado de manera correcta y ajustada a la ley.