Durante el espacio se abordaron los hallazgos de una auditoría de la Contraloría General correspondiente al período 2021–2024, vinculada a la gestión del exministro de la Juventud y exrector del ITLA, Rafael Féliz. El documento revela un cúmulo de irregularidades administrativas que incluyen nóminas sin identificación clara, ayudas sin justificación, ausencia de rendición de cuentas y el manejo poco transparente de cientos de millones de pesos del presupuesto público.
Esmerarda Montero cuestionó la inacción de los organismos de control durante años de irregularidades, señalando que no puede ser únicamente el periodismo quien asuma la tarea de fiscalizar el uso de los recursos del Estado. “¿Dónde estaban las instituciones llamadas a supervisar?”, fue una de las preguntas que marcó el análisis.
Elvira Lora amplió el debate al referirse a las denuncias que involucran al FEDA, entidad adscrita directamente a la Presidencia de la República. Según testimonios recogidos en la investigación, empleados habrían sido obligados a entregar cuotas mensuales de sus salarios y a participar en esquemas de recaudación política bajo amenaza de sanciones o despidos, una práctica que reproduce el clientelismo y vulnera derechos laborales básicos.
Indhira Suero calificó estas prácticas como una forma de subyugación del empleado público y alertó sobre el impacto social de exigir aportes forzosos en un contexto donde los salarios no cubren la canasta básica. También cuestionó la duplicidad de funciones entre instituciones del sector agropecuario y la falta de supervisión efectiva sobre organismos que manejan millonarios fondos públicos.
Las periodistas también criticaron las declaraciones del diputado Jorge Frías, quien advirtió a empleados que filtran información a los medios. Para el panel, este tipo de mensajes busca intimidar y confunde la denuncia con traición, cuando en realidad la filtración de información sobre el uso de fondos públicos constituye un ejercicio de veeduría ciudadana.
Más allá de los casos puntuales, Mirada Femenina planteó una reflexión de fondo sobre una cultura política que normaliza la corrupción, premia la lealtad partidaria por encima de la capacidad y convierte al Estado en una maquinaria para pagar favores. “El costo real de estas prácticas es el futuro del país”, advirtieron, al señalar que la mala gestión empobrece a las próximas generaciones.
El programa concluyó con un llamado directo a la Contraloría, la Cámara de Cuentas, el Ministerio de Administración Pública y la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental a asumir con mayor firmeza su rol fiscalizador y a ofrecer respuestas claras a una ciudadanía que sigue acumulando preguntas.
Mirada Femenina se transmite de lunes a viernes a las 7:00 de la mañana por Acento TV, canales 38 de Claro TV y 39 de AltICE
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