Durante el espacio, las periodistas Indhira Suero, Esmerarda Montero y Elvira Lora examinaron los argumentos expuestos por el exfuncionario en un comunicado publicado en sus redes sociales, donde intentó desmontar las acusaciones en su contra, alegando que no condicionó nombramientos a aportes económicos y que sus bienes personales fueron adquiridos mediante préstamos debidamente documentados.
Las panelistas coincidieron en que la respuesta del exrector fue tardía, señalando que debió ofrecer explicaciones en el momento en que fue contactado para el trabajo periodístico, especialmente tratándose de una investigación de alto impacto público. Asimismo, cuestionaron el manejo comunicacional del caso y el uso de redes sociales como principal vía de defensa, en lugar de acudir de forma directa a los canales institucionales y judiciales.
En el análisis se hizo una distinción clara entre tres aspectos fundamentales del caso: la gestión administrativa del ITLA y el manejo de su presupuesto millonario; las presuntas prácticas clientelares y la captación de fondos para un movimiento político; y la situación patrimonial personal del exfuncionario. Sobre este último punto, las comunicadoras señalaron que, según la información presentada, no se evidenciaba un enriquecimiento ilícito directo, sino un aumento considerable del nivel de endeudamiento.
No obstante, se enfatizó que la posible solicitud de aportes económicos a colaboradores con fines políticos constituye una práctica antiética, contraria a la Constitución y a las normas que rigen la función pública, independientemente de que no se haya demostrado hasta el momento un desvío directo de fondos estatales a cuentas personales.
El panel también cuestionó la falta de respuestas oportunas por parte de organismos como la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental y la Cámara de Cuentas, advirtiendo que este tipo de casos no deben quedarse únicamente en destituciones o licencias administrativas, sino que deben derivar en investigaciones exhaustivas que determinen responsabilidades claras.
Las periodistas coincidieron en que el caso ITLA se suma a otros episodios recientes en los que funcionarios han sido separados de sus cargos tras denuncias mediáticas, sin que la ciudadanía reciba posteriormente conclusiones definitivas sobre si hubo o no delitos penales, lo que contribuye a la desconfianza institucional.
El debate concluyó con un llamado a que las investigaciones avancen hasta las últimas consecuencias y a que se establezcan con claridad las diferencias entre lo antiético, lo administrativo y lo penal, para evitar que estos procesos queden en el olvido tras el impacto inicial en la opinión pública.
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